miércoles, marzo 17, 2004
Boletín de ALDHU-Colombia(1)
3 de marzo de 2004
Por Darío Villamizar
Hechos
- El embajador de Colombia en México, Luis Ignacio Guzmán, renunció a su cargo, al parecer, a solicitud del mismo gobierno azteca. El ahora exembajador había dicho en una entrevista que le era más fácil a las FARC-EP obtener una visa para ese país que a empresarios o estudiantes.
- José María Aznar, jefe del gobierno español, visitó Cartagena de Indias y se reunió con el presidente Uribe, a quien le ofreció sus buenos oficios para iniciar una campaña en Europa que permita declarar terroristas al ELN.
- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de "Grandes narcotraficantes" a los principales jefes de las FARC-EP (19) y de las AUC (18). El presidente Uribe señaló al respecto que el Gobierno colombiano respetaba esas decisiones.
- El gobierno español ofreció en venta a Colombia 46 tanques a un costo total de seis millones de dólares. La oferta ha causado polémica en el país; se dice que es material obsoleto, que su uso es adecuado cuando se trata de un conflicto internacional y no para combatir a las guerrillas o a los grupos paramilitares.
- Las FARC-EP realizaron un audaz asalto en Neiva (capital del departamento del Huila), al ocupar dos conjuntos habitacionales y secuestrar a cuatro personas. Hace dos años, en una acción similar, secuestraron a quince residentes del edificio Miraflores en la misma ciudad. Simultáneamente, un grupo de soldados que acampaba en las afueras del municipio de Santamaría fue atacado por integrantes de la columna Teófilo Forero de las FARC-EP; el resultado del enfrentamiento fue de un oficial, un suboficial y diez soldados muertos.
- Frente a ese hecho, el presidente de la República decidió remover al comandante de la IX Brigada del Ejército, al director del DAS del Huila, al director nacional del Gaula del Ejército y a tres miembros más de la cúpula de seguridad del departamento.
- El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre derechos humanos en el mundo. En lo que tiene que ver con Colombia, el informe señala que el Gobierno ha subvalorado las violaciones, mientras que distintas organizaciones no gubernamentales las han magnificado. Subrayó además mejoras significativas atribuibles a la política de seguridad democrática del presidente Uribe.
- En la vereda El Oro, municipio de Argelia, situado al suroccidente del departamento de Antioquia, seis miembros de una misma familia fueron masacrados al parecer por miembros del frente 47 de las FARC-EP.
- El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó un informe sobre el cese a las hostilidades por parte de las autodefensas que se encuentran en proceso de negociaciones; señaló que cometieron 362 homicidios, 16 masacres y 180 secuestros. El informe del comisionado concluye diciendo que los grupos de autodefensa se deben ubicar en zonas de concentración para facilitar el cumplimiento y verificación del cese de hostilidades. En el mismo sentido se pronunció Sergio Caramagna, jefe de la Misión de la OEA para el Acompañamiento del Proceso de Paz.
Opiniones
- "La sociedad y el Estado tienen que llegar a establecer al máximo la realidad de los hechos. Hay mucha gente esperando respuesta por sus víctimas, por desaparecidos, por asesinatos. Nosotros creemos que este proceso de la ciudad de Medellín necesita una Comisión de la Verdad. Vamos a solicitarle formalmente al Gobierno que se cree una. En algún momento, si el Gobierno Nacional no la acepta, veremos entonces la posibilidad de desarrollarla nosotros." (Alonso Salazar, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín. El Tiempo, 15-02-04).
- "En Europa no hubo presión sobre el Gobierno en torno al acuerdo humanitario. Mi postura tiene que ver más con la confusión que se ha ido generando por la inadecuada interpretación al derecho internacional humanitario y con una estrategia política equivocada. Los expresidentes López y Samper han impulsado que debe haber un 'canje'. No le podemos torcer el cuello al DIH y, de paso, crear la percepción de que el presidente no tiene buena voluntad." (Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz. El Tiempo, 19-02-04).
- "Según fuentes gubernamentales y otras no oficiales, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, las infracciones al cese de hostilidades atribuidas a los grupos de autodefensas que participan en el proceso de paz, los comprometen en 362 homicidios y 16 casos de masacres. Durante el mismo período, según Fondelibertad, los grupos de autodefensa serían responsables de 180 casos de secuestro, cifra que aunque es menor en un 27% con respecto al año anterior, sigue siendo preocupantemente alta." (Informe del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República, página Web, 19-02-04).
- "Es inimaginable que el presidente de la República ponga en libertad a mil o dos mil guerrilleros para que salgan a secuestrar y a asesinar más colombianos. Eso es impensable y además jurídicamente imposible. El derecho internacional humanitario prohibe otorgar amnistías e indultos a quienes incurren en actos de terrorismo y barbarie, que es lo que hacen las FARC. Lo que tenemos que hacer los colombianos con esta fecha luctuosa y de dolor es ejercer una presión moral sin precedentes contra la guerrilla para que pongan en libertad a nuestros hermanos." (Fernando Londoño, ex Ministro del Interior, El Espectador, 22-02-04).
- "Sigue cometiendo sistemáticamente hechos atroces como los secuestros, las ejecuciones y el uso de armamento prohibido, como los cilindros de gas. Lo que hicieron las FARC en Neiva es totalmente condenable. No hay derecho a que continúen actuando con total desprecio por el derecho internacional humanitario y deberían ser responsabilizados, si no en Colombia, ante la Corte Penal Internacional." (José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, El Tiempo, 28-02-04).
- "Cada momento histórico de la lucha revolucionaria tiene sus prioridades. La guerrilla de las FARC desarrolla, a lo largo y ancho de la patria, una estrategia de lucha política por la nueva Colombia hacia una paz definitiva y duradera. Esta estrategia es de largo aliento, es para reconstruir el patrimonio de los colombianos pobres, es para solucionar los problemas del hambre, el desempleo, la pobreza y la miseria que ya afectan a más del 60% de los colombianos. La política de seguridad democrática de Uribe Vélez es para eternizar la politiquería, la corrupción, las desigualdades políticas, económicas y sociales de las mayorías nacionales, y para legitimar la impunidad estatal de los crímenes de sus agentes llamados autodefensas o paramilitares". (Raúl Reyes, negociador y comandante de las FARC-EP. El Espectador, 29-02-04).
Derechos humanos
Apartes de la intervención del señor Ambeyi Ligabo, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión al final de su visita a Colombia:
"(…) Colombia es un país de grandes tradiciones que ha hecho, sobre todo a través del multiculturalismo, una importante contribución a la historia y el progreso del continente americano. Desgraciadamente, un conflicto interno de más de cuarenta años de duración ha frenado el progreso económico y social del país y ha minado el desarrollo de un sistema verdaderamente democrático. Todos los actores del conflicto han perpetrado, bajo formas diferentes y en distinto grado, graves violaciones de los derechos humanos.
"En este contexto, la búsqueda y la lucha en favor del ejercicio de la libertad de opinión y expresión representa un factor fundamental en la solución pacífica del conflicto, factor que permitirá el logro de una democracia duradera. Desgraciadamente, la existencia incesante de actividades de la guerrilla y de los grupos paramilitares han creado temor y han intimidado a ciudadanos ordinarios impidiendo gravemente el ejercicio de su libertad de expresión.
"Deseo decir que los factores siguientes parecen ser algunos de los principales impedimentos al ejercicio de la libertad expresión y de opinión:
"El conflicto civil que está teniendo lugar actualmente;
"la concentración de la propiedad de los medios de comunicación;
"el largo y doloroso retraso que sufren las investigaciones de los crímenes y los muchos casos no resueltos de asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, de sindicalistas y de maestros, casos que tal vez nunca serán concluidos, lo que contribuye desgraciadamente a su vez a fomentar una cultura de impunidad creando condiciones de intimidación y temor en la población en general;
"por sobre todo, parece haber un vínculo oscuro entre la corrupción, los diferentes grupos armados y algunas secciones de organismos encargados de la aplicación de la ley.
"Teniendo en cuenta estos factores deseo compartir con ustedes algunas observaciones preliminares a las que he llegado durante mi misión.
"En general, la polarización de las opiniones, los duros y antidemocráticos pronunciamientos y la estigmatización de las posiciones opuestas no contribuyen, en mi opinión, a la creación de un entorno que permita el desarrollo de la libertad de opinión y expresión que es un requisito previo de la democracia y del buen gobierno.
"Durante mi visita tuve la oportunidad de reunirme con varios miembros de la sociedad civil vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo algunas víctimas de graves violaciones. Todas estos personas piden justicia a través de procedimientos jurídicos imparciales y rápidos y desean, a término, ser reintegrados a un ciclo de vida normal. Por tanto, insto al gobierno a considerar la lucha contra la impunidad como la principal prioridad y a que los perpetradores de violaciones de los derechos humanos sean juzgados independientemente de su situación política o del partido al que pertenezcan.
"Las autoridades deberían reexaminar sus programas de protección y fortalecer de forma sustancial la protección de los periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos. Esta protección es un instrumento indispensable que permite a los periodistas continuar con su trabajo restaurando al mismo tiempo la legalidad republicana en este campo. Queda, por tanto, mucho por hacer en cuanto a la seguridad de las categorías de profesionales que acabo de mencionar, especialmente en las áreas remotas o rurales.
"El asesinato de varios periodistas ha angustiado y ha devastado a sus colegas. La mayoría de los periodistas, incapaz de crear un sindicato a causa de la oposición de los propietarios de los medios de comunicación, está explotada y mal pagada. Otros periodistas están encerrados en el círculo vicioso que constituyen las pautas publicitarias y la imposibilidad trabajar regularmente y, por tanto, de la autocensura que se imponen. La concentración de los medios de comunicación tiene gran parte de la culpa por las malas condiciones en que viven los periodistas. Con la disminución de la independencia de los periodistas, las fronteras de un debate y de una sociedad pluralistas han ido disminuyendo.
"También me preocupa mucho el Estatuto Antiterrorista adoptado a fines de 2003. Según lo que dispone este nuevo decreto, las medidas de emergencia tales como requisas, intervenciones telefónicas y el control de la correspondencia privada podrían ser autorizadas sin mandato judicial. Es evidente que estas medidas afectarán duramente la libertad de opinión y expresión. Recalco que esta legislación no respeta las disposiciones de toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y viola en particular el pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.
"Además, estoy preocupado por la reforma constitucional prevista que supondrá drásticos cambios y que debilitará fundamentalmente a la tutela, mecanismo judicial que ha protegido tradicionalmente los derechos de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la reforma propuesta debilitará la autoridad de la Corte Constitucional y comprometerá la independencia de sus magistrados en el desempeño de su mandato. Por tanto, esta reforma violará los derechos humanos fundamentales del pueblo de Colombia.
"Los pueblos indígenas, la minoría afro-colombiana y otros grupos étnicos siguen sufriendo a causa de la discriminación, la intolerancia y la exclusión social. Su derecho a expresar opiniones y a participar en la toma de decisiones, especialmente en los lugares en donde viven, parece haber sido ignorado, a pesar de la adopción, en el pasado, de leyes específicas que iban en este sentido". (Bogotá, 27 de febrero de 2004)
Análisis
Las FARC de nuevo
El reciente, repetido y temerario asalto de las FARC-EP a dos conjuntos residenciales en Neiva, con saldo de cuatro secuestrados, y el ataque a una pequeña base militar que dejó doce uniformados muertos, nos conduce a una reflexión de fondo: ¿Se inicia una ofensiva militar luego del largo período de hibernación en que se encontraba el grupo guerrillero? La respuesta no es fácil aunque la acción conlleva un mensaje directo al corazón del gobierno del presidente Uribe.
Se trata de uno de los golpes más certeros en los 18 meses transcurridos desde la posesión del actual mandatario. Una acción de guerra, en medio del desarrollo de la política gubernamental de seguridad democrática, a las puertas de la reglamentación de la ley antiterrorista, a escasas dos horas de la otrora Zona de Distensión. El golpe no es gratuito. Las FARC-EP escogieron con precisión su objetivo, actualizaron la información de "inteligencia" que les permitió hace casi tres años, en condiciones similares, secuestrar a quince ciudadanos, entre ellos, la esposa de un exgobernador y sus dos hijos, hoy en la lista de canjeables.
Lo hicieron en la capital del Huila, una región con historia "fariana", muy cerca de donde nacieron hace cuarenta años. La larga trayectoria de las FARC-EP en ese departamento está ligada a tomas de poblaciones, ataques a patrullas militares y secuestros. Por lo menos seis frentes guerrilleros, además de la columna móvil Teófilo Forero, recorren las selvas, montañas y llanuras del Huila.
El mensaje es claro y contundente: el repliegue ordenado que se produjo incluso antes del levantamiento de la Zona de Distensión, está llegando a su fin. Pese a las deserciones, capturas y bajas de algunos mandos medios y combatientes rasos, su estructura aún no ha recibido golpes contundentes que la obliguen a mantenerse en lo más oscuro de la selva, allá donde el presidente ordenó perseguirlos. El factor sorpresa sigue de su lado; la oscuridad, la lluvia y la noche continúan siendo sus aliados.
El tiempo de la guerrilla no compite con los tiempos gubernamentales. Lentamente comienzan a salir de la selva, regresan a los mismos espacios donde han permanecido por años. Nuevamente, en la noche, desde las alturas circundantes, observan las luces de las ciudades. El ataque a los condominios en Neiva nos indica que la mira de los fusiles de las FARC-EP continúa puesta en los centros urbanos, donde está el poder, donde está el capital -dicen-, ya no tanto en el ataque a inermes pueblos y caseríos. "Allá nos pillamos", fue la frase lapidaria con que se despidió el Mono Jojoy cuando, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fueron puestos en libertad soldados y policías secuestrados. El tiempo no pasa en vano.
Escenarios
1. Con las FARC-EP
Un primer escenario se podría estar configurando a partir del ataque a dos condominios en Neiva: Las FARC-EP estarían iniciando una ofensiva, que a diferencia de otras, sería más lenta, de desgaste, de probar sus propias tropas en medio de unas condiciones militares diferentes, con una fuerza pública también en ofensiva.
En un segundo escenario, donde el interés se centra en el intercambio humanitario o canje, como ellos lo denominan, el centro de su accionar estaría dirigido a aumentar el número de secuestrados para presionar un acuerdo favorable a la liberación de los presos de las FARC-EP.
En uno u otro escenario, se van a presentar nuevos y mayores enfrentamientos lo que nuevamente va a escalar el conflicto y a agudizar la crisis humanitaria.
2. Con el ELN
El ELN desarrolla sus actividades tendientes a consolidar sus debilitadas estructuras. Eso lo aleja del escenario de la negociación pero también del escenario de la guerra. Es previsible que por el "efecto unidad", si las FARC-EP se lanzan a una ofensiva, el ELN tenga algún papel que cumplir en la misma.
3. Con las autodefensas
Ante el incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los distintos grupos de autodefensa, ante la negativa de concentrar sus tropas para facilitar la verificación que debe hacer la Misión de la OEA, se podría pensar en un escenario de ruptura o congelamiento de las negociaciones. Sin embargo, todo depende del juego de poderes que se da al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia que dirigen Mancuso y Castaño, y entre éstas y las autodefensas de carácter regional (Ramón Isaza, Ernesto Báez, etc.), renuentes a confluir en una misma mesa de negociaciones, a aceptar un mando unificado y a dejar las armas.
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1. La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Aldhu, es un organismo internacional no gubernamental con sede en Quito, Ecuador, donde fue fundada en 1980. En Colombia realiza actividades desde 2001, especialmente en temas relacionados con derechos humanos de los pueblos indígenas, procesos locales de paz y análisis situacionales. El boletín "Qué está pasando en Colombia" se publica desde 2002 y circula entre una lista de abonados.
3 de marzo de 2004
Por Darío Villamizar
Hechos
- El embajador de Colombia en México, Luis Ignacio Guzmán, renunció a su cargo, al parecer, a solicitud del mismo gobierno azteca. El ahora exembajador había dicho en una entrevista que le era más fácil a las FARC-EP obtener una visa para ese país que a empresarios o estudiantes.
- José María Aznar, jefe del gobierno español, visitó Cartagena de Indias y se reunió con el presidente Uribe, a quien le ofreció sus buenos oficios para iniciar una campaña en Europa que permita declarar terroristas al ELN.
- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista de "Grandes narcotraficantes" a los principales jefes de las FARC-EP (19) y de las AUC (18). El presidente Uribe señaló al respecto que el Gobierno colombiano respetaba esas decisiones.
- El gobierno español ofreció en venta a Colombia 46 tanques a un costo total de seis millones de dólares. La oferta ha causado polémica en el país; se dice que es material obsoleto, que su uso es adecuado cuando se trata de un conflicto internacional y no para combatir a las guerrillas o a los grupos paramilitares.
- Las FARC-EP realizaron un audaz asalto en Neiva (capital del departamento del Huila), al ocupar dos conjuntos habitacionales y secuestrar a cuatro personas. Hace dos años, en una acción similar, secuestraron a quince residentes del edificio Miraflores en la misma ciudad. Simultáneamente, un grupo de soldados que acampaba en las afueras del municipio de Santamaría fue atacado por integrantes de la columna Teófilo Forero de las FARC-EP; el resultado del enfrentamiento fue de un oficial, un suboficial y diez soldados muertos.
- Frente a ese hecho, el presidente de la República decidió remover al comandante de la IX Brigada del Ejército, al director del DAS del Huila, al director nacional del Gaula del Ejército y a tres miembros más de la cúpula de seguridad del departamento.
- El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre derechos humanos en el mundo. En lo que tiene que ver con Colombia, el informe señala que el Gobierno ha subvalorado las violaciones, mientras que distintas organizaciones no gubernamentales las han magnificado. Subrayó además mejoras significativas atribuibles a la política de seguridad democrática del presidente Uribe.
- En la vereda El Oro, municipio de Argelia, situado al suroccidente del departamento de Antioquia, seis miembros de una misma familia fueron masacrados al parecer por miembros del frente 47 de las FARC-EP.
- El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, presentó un informe sobre el cese a las hostilidades por parte de las autodefensas que se encuentran en proceso de negociaciones; señaló que cometieron 362 homicidios, 16 masacres y 180 secuestros. El informe del comisionado concluye diciendo que los grupos de autodefensa se deben ubicar en zonas de concentración para facilitar el cumplimiento y verificación del cese de hostilidades. En el mismo sentido se pronunció Sergio Caramagna, jefe de la Misión de la OEA para el Acompañamiento del Proceso de Paz.
Opiniones
- "La sociedad y el Estado tienen que llegar a establecer al máximo la realidad de los hechos. Hay mucha gente esperando respuesta por sus víctimas, por desaparecidos, por asesinatos. Nosotros creemos que este proceso de la ciudad de Medellín necesita una Comisión de la Verdad. Vamos a solicitarle formalmente al Gobierno que se cree una. En algún momento, si el Gobierno Nacional no la acepta, veremos entonces la posibilidad de desarrollarla nosotros." (Alonso Salazar, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín. El Tiempo, 15-02-04).
- "En Europa no hubo presión sobre el Gobierno en torno al acuerdo humanitario. Mi postura tiene que ver más con la confusión que se ha ido generando por la inadecuada interpretación al derecho internacional humanitario y con una estrategia política equivocada. Los expresidentes López y Samper han impulsado que debe haber un 'canje'. No le podemos torcer el cuello al DIH y, de paso, crear la percepción de que el presidente no tiene buena voluntad." (Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz. El Tiempo, 19-02-04).
- "Según fuentes gubernamentales y otras no oficiales, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, las infracciones al cese de hostilidades atribuidas a los grupos de autodefensas que participan en el proceso de paz, los comprometen en 362 homicidios y 16 casos de masacres. Durante el mismo período, según Fondelibertad, los grupos de autodefensa serían responsables de 180 casos de secuestro, cifra que aunque es menor en un 27% con respecto al año anterior, sigue siendo preocupantemente alta." (Informe del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República, página Web, 19-02-04).
- "Es inimaginable que el presidente de la República ponga en libertad a mil o dos mil guerrilleros para que salgan a secuestrar y a asesinar más colombianos. Eso es impensable y además jurídicamente imposible. El derecho internacional humanitario prohibe otorgar amnistías e indultos a quienes incurren en actos de terrorismo y barbarie, que es lo que hacen las FARC. Lo que tenemos que hacer los colombianos con esta fecha luctuosa y de dolor es ejercer una presión moral sin precedentes contra la guerrilla para que pongan en libertad a nuestros hermanos." (Fernando Londoño, ex Ministro del Interior, El Espectador, 22-02-04).
- "Sigue cometiendo sistemáticamente hechos atroces como los secuestros, las ejecuciones y el uso de armamento prohibido, como los cilindros de gas. Lo que hicieron las FARC en Neiva es totalmente condenable. No hay derecho a que continúen actuando con total desprecio por el derecho internacional humanitario y deberían ser responsabilizados, si no en Colombia, ante la Corte Penal Internacional." (José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, El Tiempo, 28-02-04).
- "Cada momento histórico de la lucha revolucionaria tiene sus prioridades. La guerrilla de las FARC desarrolla, a lo largo y ancho de la patria, una estrategia de lucha política por la nueva Colombia hacia una paz definitiva y duradera. Esta estrategia es de largo aliento, es para reconstruir el patrimonio de los colombianos pobres, es para solucionar los problemas del hambre, el desempleo, la pobreza y la miseria que ya afectan a más del 60% de los colombianos. La política de seguridad democrática de Uribe Vélez es para eternizar la politiquería, la corrupción, las desigualdades políticas, económicas y sociales de las mayorías nacionales, y para legitimar la impunidad estatal de los crímenes de sus agentes llamados autodefensas o paramilitares". (Raúl Reyes, negociador y comandante de las FARC-EP. El Espectador, 29-02-04).
Derechos humanos
Apartes de la intervención del señor Ambeyi Ligabo, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión al final de su visita a Colombia:
"(…) Colombia es un país de grandes tradiciones que ha hecho, sobre todo a través del multiculturalismo, una importante contribución a la historia y el progreso del continente americano. Desgraciadamente, un conflicto interno de más de cuarenta años de duración ha frenado el progreso económico y social del país y ha minado el desarrollo de un sistema verdaderamente democrático. Todos los actores del conflicto han perpetrado, bajo formas diferentes y en distinto grado, graves violaciones de los derechos humanos.
"En este contexto, la búsqueda y la lucha en favor del ejercicio de la libertad de opinión y expresión representa un factor fundamental en la solución pacífica del conflicto, factor que permitirá el logro de una democracia duradera. Desgraciadamente, la existencia incesante de actividades de la guerrilla y de los grupos paramilitares han creado temor y han intimidado a ciudadanos ordinarios impidiendo gravemente el ejercicio de su libertad de expresión.
"Deseo decir que los factores siguientes parecen ser algunos de los principales impedimentos al ejercicio de la libertad expresión y de opinión:
"El conflicto civil que está teniendo lugar actualmente;
"la concentración de la propiedad de los medios de comunicación;
"el largo y doloroso retraso que sufren las investigaciones de los crímenes y los muchos casos no resueltos de asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, de sindicalistas y de maestros, casos que tal vez nunca serán concluidos, lo que contribuye desgraciadamente a su vez a fomentar una cultura de impunidad creando condiciones de intimidación y temor en la población en general;
"por sobre todo, parece haber un vínculo oscuro entre la corrupción, los diferentes grupos armados y algunas secciones de organismos encargados de la aplicación de la ley.
"Teniendo en cuenta estos factores deseo compartir con ustedes algunas observaciones preliminares a las que he llegado durante mi misión.
"En general, la polarización de las opiniones, los duros y antidemocráticos pronunciamientos y la estigmatización de las posiciones opuestas no contribuyen, en mi opinión, a la creación de un entorno que permita el desarrollo de la libertad de opinión y expresión que es un requisito previo de la democracia y del buen gobierno.
"Durante mi visita tuve la oportunidad de reunirme con varios miembros de la sociedad civil vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo algunas víctimas de graves violaciones. Todas estos personas piden justicia a través de procedimientos jurídicos imparciales y rápidos y desean, a término, ser reintegrados a un ciclo de vida normal. Por tanto, insto al gobierno a considerar la lucha contra la impunidad como la principal prioridad y a que los perpetradores de violaciones de los derechos humanos sean juzgados independientemente de su situación política o del partido al que pertenezcan.
"Las autoridades deberían reexaminar sus programas de protección y fortalecer de forma sustancial la protección de los periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos. Esta protección es un instrumento indispensable que permite a los periodistas continuar con su trabajo restaurando al mismo tiempo la legalidad republicana en este campo. Queda, por tanto, mucho por hacer en cuanto a la seguridad de las categorías de profesionales que acabo de mencionar, especialmente en las áreas remotas o rurales.
"El asesinato de varios periodistas ha angustiado y ha devastado a sus colegas. La mayoría de los periodistas, incapaz de crear un sindicato a causa de la oposición de los propietarios de los medios de comunicación, está explotada y mal pagada. Otros periodistas están encerrados en el círculo vicioso que constituyen las pautas publicitarias y la imposibilidad trabajar regularmente y, por tanto, de la autocensura que se imponen. La concentración de los medios de comunicación tiene gran parte de la culpa por las malas condiciones en que viven los periodistas. Con la disminución de la independencia de los periodistas, las fronteras de un debate y de una sociedad pluralistas han ido disminuyendo.
"También me preocupa mucho el Estatuto Antiterrorista adoptado a fines de 2003. Según lo que dispone este nuevo decreto, las medidas de emergencia tales como requisas, intervenciones telefónicas y el control de la correspondencia privada podrían ser autorizadas sin mandato judicial. Es evidente que estas medidas afectarán duramente la libertad de opinión y expresión. Recalco que esta legislación no respeta las disposiciones de toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y viola en particular el pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos.
"Además, estoy preocupado por la reforma constitucional prevista que supondrá drásticos cambios y que debilitará fundamentalmente a la tutela, mecanismo judicial que ha protegido tradicionalmente los derechos de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la reforma propuesta debilitará la autoridad de la Corte Constitucional y comprometerá la independencia de sus magistrados en el desempeño de su mandato. Por tanto, esta reforma violará los derechos humanos fundamentales del pueblo de Colombia.
"Los pueblos indígenas, la minoría afro-colombiana y otros grupos étnicos siguen sufriendo a causa de la discriminación, la intolerancia y la exclusión social. Su derecho a expresar opiniones y a participar en la toma de decisiones, especialmente en los lugares en donde viven, parece haber sido ignorado, a pesar de la adopción, en el pasado, de leyes específicas que iban en este sentido". (Bogotá, 27 de febrero de 2004)
Análisis
Las FARC de nuevo
El reciente, repetido y temerario asalto de las FARC-EP a dos conjuntos residenciales en Neiva, con saldo de cuatro secuestrados, y el ataque a una pequeña base militar que dejó doce uniformados muertos, nos conduce a una reflexión de fondo: ¿Se inicia una ofensiva militar luego del largo período de hibernación en que se encontraba el grupo guerrillero? La respuesta no es fácil aunque la acción conlleva un mensaje directo al corazón del gobierno del presidente Uribe.
Se trata de uno de los golpes más certeros en los 18 meses transcurridos desde la posesión del actual mandatario. Una acción de guerra, en medio del desarrollo de la política gubernamental de seguridad democrática, a las puertas de la reglamentación de la ley antiterrorista, a escasas dos horas de la otrora Zona de Distensión. El golpe no es gratuito. Las FARC-EP escogieron con precisión su objetivo, actualizaron la información de "inteligencia" que les permitió hace casi tres años, en condiciones similares, secuestrar a quince ciudadanos, entre ellos, la esposa de un exgobernador y sus dos hijos, hoy en la lista de canjeables.
Lo hicieron en la capital del Huila, una región con historia "fariana", muy cerca de donde nacieron hace cuarenta años. La larga trayectoria de las FARC-EP en ese departamento está ligada a tomas de poblaciones, ataques a patrullas militares y secuestros. Por lo menos seis frentes guerrilleros, además de la columna móvil Teófilo Forero, recorren las selvas, montañas y llanuras del Huila.
El mensaje es claro y contundente: el repliegue ordenado que se produjo incluso antes del levantamiento de la Zona de Distensión, está llegando a su fin. Pese a las deserciones, capturas y bajas de algunos mandos medios y combatientes rasos, su estructura aún no ha recibido golpes contundentes que la obliguen a mantenerse en lo más oscuro de la selva, allá donde el presidente ordenó perseguirlos. El factor sorpresa sigue de su lado; la oscuridad, la lluvia y la noche continúan siendo sus aliados.
El tiempo de la guerrilla no compite con los tiempos gubernamentales. Lentamente comienzan a salir de la selva, regresan a los mismos espacios donde han permanecido por años. Nuevamente, en la noche, desde las alturas circundantes, observan las luces de las ciudades. El ataque a los condominios en Neiva nos indica que la mira de los fusiles de las FARC-EP continúa puesta en los centros urbanos, donde está el poder, donde está el capital -dicen-, ya no tanto en el ataque a inermes pueblos y caseríos. "Allá nos pillamos", fue la frase lapidaria con que se despidió el Mono Jojoy cuando, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fueron puestos en libertad soldados y policías secuestrados. El tiempo no pasa en vano.
Escenarios
1. Con las FARC-EP
Un primer escenario se podría estar configurando a partir del ataque a dos condominios en Neiva: Las FARC-EP estarían iniciando una ofensiva, que a diferencia de otras, sería más lenta, de desgaste, de probar sus propias tropas en medio de unas condiciones militares diferentes, con una fuerza pública también en ofensiva.
En un segundo escenario, donde el interés se centra en el intercambio humanitario o canje, como ellos lo denominan, el centro de su accionar estaría dirigido a aumentar el número de secuestrados para presionar un acuerdo favorable a la liberación de los presos de las FARC-EP.
En uno u otro escenario, se van a presentar nuevos y mayores enfrentamientos lo que nuevamente va a escalar el conflicto y a agudizar la crisis humanitaria.
2. Con el ELN
El ELN desarrolla sus actividades tendientes a consolidar sus debilitadas estructuras. Eso lo aleja del escenario de la negociación pero también del escenario de la guerra. Es previsible que por el "efecto unidad", si las FARC-EP se lanzan a una ofensiva, el ELN tenga algún papel que cumplir en la misma.
3. Con las autodefensas
Ante el incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los distintos grupos de autodefensa, ante la negativa de concentrar sus tropas para facilitar la verificación que debe hacer la Misión de la OEA, se podría pensar en un escenario de ruptura o congelamiento de las negociaciones. Sin embargo, todo depende del juego de poderes que se da al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia que dirigen Mancuso y Castaño, y entre éstas y las autodefensas de carácter regional (Ramón Isaza, Ernesto Báez, etc.), renuentes a confluir en una misma mesa de negociaciones, a aceptar un mando unificado y a dejar las armas.
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1. La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Aldhu, es un organismo internacional no gubernamental con sede en Quito, Ecuador, donde fue fundada en 1980. En Colombia realiza actividades desde 2001, especialmente en temas relacionados con derechos humanos de los pueblos indígenas, procesos locales de paz y análisis situacionales. El boletín "Qué está pasando en Colombia" se publica desde 2002 y circula entre una lista de abonados.
