viernes, mayo 07, 2004
Contracampaña de Seguridad
Compañeras/os: Los invitamos a la primer reunion de la contracampaña de seguridad que se realizara el proximo lunes 10/5 a las 20hs. en el hall de la Facultad de Psicologia(Independencia y Urquiza). A continuacion les envio un texto explicativo sobre el tema. Un Abrazo y los esperamos. Asamblea Plaza Martin Fierro
El problema de la seguridad
Propuesta (con explicación incluida) para la contra-campaña "Hablemos de
seguridad"
El señor Blumberg, los medios de comunicación (en especial el holding Hadad:canal 9, radio diez, etc.), los políticos de derecha como Ruckauf, Rico y López Murphy, con el apoyo explícito de las grandes empresas y las cámaras que las congregan (UIA, Sociedad Rural) han iniciado una cruzada por la
"seguridad de los ciudadanos". A partir de la ola de secuestros extorsivos que ha asolado a las capas altas y medias-altas de la sociedad, la seguridad
como problema ha emergido en el medio de la marea de tragedias que trajo la crisis desatada a mediados de los '90.
El carácter de esta campaña tiene, siempre según estos santos cruzados, un carácter positivo porque es "transversal" a toda la sociedad (trata problemas
comunes a todos, ya que todos somos iguales ante el delito) y tiene un conjunto de propuestas concretas para darle solución definitiva a la ola delictiva.
Pero, ¿es realmente así? Un simple vistazo a las propuestas del petitorio Blumberg deja entrever otra realidad: en primer lugar, todas las medidas
obedecen a fortalecer el carácter represivo de la legislación (endurecimiento de penas, disminución de la edad de imputabilidad legal de 16 a 14 años,
etc.), en segundo lugar, estas medidas tienen como contrapartida siempre una compensación si el imputado pertenece las clases poseedoras, por ejemplo,el endurecimiento para la portación de armas no es tal si el imputado es un hombre de familia, bien considerado por los vecinos y en todo sentido
un "hombre de bien", decisión que queda a juicio del juez que sigue el caso.
Otro ejemplo: la única de las leyes del paquete que es más benévola que la que reemplaza es una reducción de penas para el delito de "subversión
económica", que sólo pueden cometer los empresarios.
Si todos somos iguales ante el delito, la ley es una para los capitalistas y otra para los explotados y oprimidos.
Debajo del discurso de la "seguridad ciudadana" subyace el intento de fortalecer los mecanismos represivos, para garantizar la seguridad de la propiedad
y las personas de la clase capitalista, no del conjunto de la sociedad.
Debajo del discurso aparentemente inocente de un padre agobiado por el peso de la muerte de su hijo, subyace el intento de las clases dominantes de
imponer su visión de la sociedad: mayor represión a las clases dominadas, garantías de acumulación para las clases dominantes.
Para decirlo con claridad: los cambios económicos producidos durante la década del '90 produjeron cambios sociales profundos, y la legislación que
existe en la actualidad no corresponde con la nueva correlación de fuerzas sociales: la marginalidad y descomposición social, producto de estos cambios,
deben ser controlados. Los efectos secundarios que tiene la marginalidad (elevación del nivel de violencia delictiva) también deben ser controlados
y redirigidos hacia donde siempre debieron estar: a las clases bajas o medias.
Las organizaciones sociales y políticas del campo popular hemos mirado con confusión y desconcierto estas medidas, a las cuales solo les hemos contrapuesto nuestra oposición instintiva y una serie de argumentaciones a todas luces incompleta: se ha hablado de "resultado de la corrupción del sistema" o
de que "la legislación sólo incluye la represión, hay que incluir la prevención".
Estas y otras argumentaciones encaran sólo un aspecto de la cuestión: el enquiste de las mafias en el gobierno o la concepción autoritaria y anti-democrática
del ejercicio del gobierno. La seguridad vista de esta forma no toma en cuenta los problemas de seguridad reales de las vastas mayorías: no se trata de "asegurar" la propiedad de los ciudadanos de bien, reprimiendo a aquellos que atenten contra ella; se trata de asegurar la viabilidad de la vida misma:
¿de que seguridad puede hablar una familia que carece de trabajo, salud y educación? ¿una madre que ve morir de hambre a sus hijos? ¿una mujer que
debe prostituirse? ¿para un hombre sin trabajo, que debe aceptar cualquier changa o inclusive delinquir para poder sobrevivir? ¿de un niño sin futuro?
Queremos romper con la hegemonía del discurso de derecha, y plantear el problema de seguridad desde un lugar que realmente nos represente a la mayoría,
para los que el problema de los secuestros es lejano aunque no ajeno. Para eso, es necesario mover el eje del sitio donde los medios y comunicadores de la derecha lo han situado.
Proponemos la realización de una contra-campaña, buscando establecer el hecho de que cuando nosotros hablamos de seguridad, no hablamos solamente de protegernos del peligro de un secuestro o un asalto, y que no hablamos
-ni queremos hablar, de reprimir al pueblo.
En una primera instancia esta campaña constará de una serie de afiches con imágenes muy fuertes, en las que, bajo la leyenda "Hablemos de seguridad"
se representen distintos fenómenos de la inseguridad social, tomando las necesidades de las mayorías como parte de la seguridad necesaria.
Por ejemplo (aunque parezca morboso), una imagen de un niño muerto de inanición, con el título "A mi me mató el hambre".
El artículo original está en http://argentina.indymedia.org/news/2004/05/193777.php Imprimir comentarios.
El plan del Gobierno sobre Seguridad y Justicia, No sólo BLUMBERG debe OPINAR
por Gabriel Lerner para Revista En Marcha 207 Thursday May 06, 2004 at 03:38 PM
El plan del Gobierno sobre Seguridad y Justicia No sólo BLUMBERG debe OPINAR
E l plan lanzado por el gobierno al influjo de las movilizaciones encabezadas por Juan Carlos Blumberg -motorizadas por la derecha política y los grandes grupos multimedia, y que lograron amplio apoyo social, incluyendo a algunas organizaciones populares- han generado un debate de cuyas consecuencias depende no sólo la política de seguridad respecto al delito que preocupa a la población.
De allí que resulta importante tomar opiniones que movilicen el interés en un tema que no debe quedar limitado a policías, jueces, legisladores -e intereses represivos que siempre los hay-. Convocamos por ello a Gabriel Lerner, abogado de Correpi quien nos aporta su visión personal para este debate.
Escribe: Gabriel Lerner, miembro de CORREPI
Resulta difícil pronunciarse de una sola vez respecto de todas las medidas planteadas. Mientras en algunos casos el propósito y el contenido es claro, algunas de ellas son de casi imposible concreción, otras ya se venían implementando y en otros casos sólo se difundió el título y no sus alcances.
Aún con las limitaciones planteadas (...) se desprende que el signo de los anuncios se inscribe en la orientación de la llamada “Cruzada Axel” que, como hemos venido denunciando, identifica “seguridad” con política penal y política penal con más castigo sobre los pobres.
Resulta imprescindible definir el ángulo desde el que se analiza y critica el plan antes mencionado. En ese sentido deben tenerse en cuenta algunas cuestiones fundamentales:
a) La verdadera “seguridad” para las mayorías populares pasa por el acceso al empleo, la vivienda, el salario digno, la seguridad social, la educación y la salud; pasa además por el cese de la política de “gatillo fácil” y de criminalización de la protesta; pasa, finalmente, por el descenso de los niveles de violencia social horizontal, que convierte a los pobres en víctimas de hechos de violencia ejercidos por otros pobres. Reducir la idea de “inseguridad” a robos, asaltos y secuestros significa contemplar solamente los intereses de las minorías privilegiadas de la sociedad.
b) La política criminal debe dejar de ser “tuerta”. El contenido de la campaña Blumberg y de las medidas anunciadas por el gobierno descarga todo el énfasis en los delitos cometidos por los pobres y marginales, mientras elude el debate y las propuestas que tienen que ver con las conductas criminales que se desarrollan desde el poder. Una política criminal integral no puede ocultar el castigo de los grandes negociados, de la entrega del país, del genocidio, de la connivencia político-policial o de los delitos “comunes” cometidos por poderosos como Grassi o Carrascosa.
c) Lo que la Argentina necesita es distribución de la riqueza y no ensanchamiento y endurecimiento del sistema penal. El mejor ejemplo son los pibes pobres. Allí es imprescindible promover, de manera urgente, el acceso al trabajo, al deporte, a la alimentación, a la recreación y a la salud. Abordar la situación de niños y jóvenes desde una óptica punitiva implica multiplicar sobre la inmensa mayoría de ellos el castigo que ya proviene de la marginación, a la vez que se des-responsabiliza a la sociedad adulta y supuestamente “decente” del genocidio social que lleva décadas en el país y que tiene en los pibes a sus principales víctimas.
A continuación aportamos algunas reflexiones sobre las propuestas contenidas en el plan de gobierno.
Las propuestas del plan en particular
a Baja de la edad de la imputabilidad penal: Se envía al congreso un proyecto más garantista que la legislación actual (todo pibe tiene derecho a la defensa, se ponen topes máximos de penas a aplicarse, se limita el uso de la cárcel para casos extremos). Lo preocupante es que, en un marco político mas favorable al castigo que a la protección de los pibes y teniendo en cuenta la composición del congreso, lo mas probable es que del proyecto original solo quede la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, se desdibujen o desaparezcan todas las demás garantías y quede una ley más punitiva que la actual.
a Justicia rápida para delitos “in fraganti”: Se propone una reforma procesal para que una persona que fue detenida en flagrancia (cometiendo un delito) pueda ser juzgada y condenada en muy pocos días. Es evidente que sólo será aplicable a delitos de pobres (robos, hurtos, etc) y nunca a delitos de sectores con mayor poder (defraudaciones, delitos de funcionarios). El procedimiento propuesto no garantiza el derecho constitucional de defensa. Miles de inocentes recibirán castigos antes de atinar siquiera a defenderse.
a Relocalización de la justicia criminal en los barrios: Resultaría indispensable fortalecer la capacidad investigativa judicial desplazando a las policías de esa labor (lo que ha facilitado enormemente la connivencia político-policial). Al llevar jueces y fiscales a los barrios se fortalece el poder policial, ya que la influencia de este sobre jueces y fiscales se incrementa considerablemente. En el sistema actual no se establecen relaciones excesivamente estrechas entre juzgados o fiscalías y comisarías. Al ir la fiscalía o el juzgado al barrio su emparentamiento con la policía es ineludible y ello aumentando la vulnerabilidad de los sectores sociales con menos riqueza y poder.
a Juicio por jurados: Por principio, la participación popular no puede ser contraria a una justicia mas democrática. Sin embargo, el alto nivel de manipulación de opinión pública en materia penal, facilitaría “venganzas sociales” en perjuicio del principio constitucional de inocencia, convirtiendo a lo peor de la TV en el verdadero tribunal de un juicio relevante. Por otra parte, en la inmensa mayoría de delitos comunes es muy alta ya la tasa de condenas de las causas que llegan a juicio. De emplearse el juicio por jurados debería limitarselo a delitos cometidos por funcionarios públicos o delitos económicos de gran envergadura que son las áreas donde casi no existen las sentencias condenatorias.
a Restricción de las excarcelaciones: Lo que se anunció y escribió como proyecto de futuro es lo que actualmente está vigente en el Código Procesal. O el anuncio tiene un efecto sólo “discursivo” de mas “mano dura” o habrá que esperar el texto que presenten para analizar su contenido.
a Liquidación de los fueros federal y penal económico para causas penales: Es una medida democratizadora, tal como están las cosas. Esos son fueros personales, organizados para que grandes capitalistas o poderosos funcionarios sean juzgados con una “vara” especial. Al eliminarselos los funcionarios, los empresarios y los ladrones serán juzgados por los mismos magistrados.
a Creación de más juzgados de menores: Era imprescindible, hay miles de chicos esperando juicios, muchos de ellos internados o presos.
a Modificación del art. 210 del código penal sobre asociación ilícita: Se lo presenta como parte del mayor énfasis represivo sobre el delito organizado, lo que sería correcto. Sin embargo, se desconoce el contenido concreto de la propuesta. Una vez más el riesgo reside -con base en las experiencias de los últimos años- en que se oriente la figura hacia el castigo político.
aUtilización de las recompensas en investigaciones judiciales: Ser testigo es una carga pública de todo ciudadano. La entrega de sumas de dinero podría ser empleada no para llegar a la verdad sino para que aparezca “alguna verdad”. De los anuncios no surge para qué casos y quién determinará la oportunidad y los montos de las recompensas. Si se impone debiera limitarse su uso a aquellos casos y temas en los que la regla es la impunidad: delitos de funcionarios, de policías, de grandes empresarios.
a Extensión del uso de la figura del “arrepentido”: Ya existe en la ley anti-drogas y se lo propuso en todos los proyectos de leyes antiterroristas (que no se aprobaron). Lejos de ser una herramienta útil facilita la manipulación de los procesos penales. Modifica en un sentido negativo la lógica del procedimiento penal. Las personas reciben más o menos sanciones en relación al delito que cometieron. Al “arrepentido” no se lo juzga por el delito sino por su conducta posterior dentro del proceso. En otras palabras: alguien que cometió un delito mas grave puede recibir menor condena que otro que cometió un delito mas leve, sólo porque acusó a otros durante el proceso.
aIncorporación de nuevos tipos penales relacionados con el financiamiento del terrorismo: Se trata de una cuestión que sólo puede explicarse por la exigencias del imperialismo norteamericano. Es un fenómeno sin relevancia en el país y podría abrir las puertas para la persecución política de opositores.
aAmpliación del número de efectivos, del presupuesto y de los pertrechos: Ya sea por la vía de la agencia federal de investigaciones, ya sea por el llamado “cuerpo nacional de paz”, se aumentan los efectivos armados, se compran mas pertrechos y se aumenta el presupuesto de seguridad. No compartimos la orientación, lo que hace falta son medidas que se orienten a la justicia social, no de ampliación del poder punitivo estatal.
aAgencia Federal de Investigaciones: Se propone crear una mega-agencia nacional de investigaciones compuesta por gendarmes, federales y prefectos, que dependerá del poder ejecutivo.
Debió fortalecerse la capacidad investigativa del poder judicial, sin interferencia del ejecutivo y mucho menos de las fuerzas de seguridad. Con la agencia creada de la voluntad política del gobierno dependerá qué y cómo se investiga. De allí se desprenden al menos dos cuestiones preocupantes: a) frente a delitos del poder, será el ejecutivo el que determinará si se usa o no esa agencia (hoy, a juzgar por las prioridades del gobierno, se usaría en Santiago del Estero, pero no en la investigación de la masacre de Puente Pueyrredón); y b) si bien su objeto son los secuestros y bandas delictivas, el narcotráfico, el tráfico de armas, los desarmaderos, el contrabando y el lavado de dinero, no hay ninguna definición explícita que impida a la agencia ingresar en la inteligencia de movimientos y/o grupos políticos y sociales opositores.
a Fuerza Nacional de Paz: El panorama es aún mas complejo que con la agencia federal pues no se define su objeto y sólo se señala que actuará en zonas críticas. ¿Cuáles son esas zonas, aquellas en que hay contrabando o que la policía bonaerense “libera zonas” en su connivencia con grandes bandas o aquellas otras en que hay mayor movilización y lucha social?. Una vez más la falta de una definición explícita respecto del uso de la citada “fuerza...” con relación al conflicto social, genera amplias preocupaciones de que se la utilice para reprimir la protesta.
aConstrucción de nuevas cárceles: En la actualidad hay presos en hospitales neurosiquiátricos o en contenedores en Salta, todos en condiciones inhumanas. Aspiramos a que haya menos presos y no a que su número se eleve. Si las cárceles nuevas son para garantizar mejores condiciones de vida de los ya detenidos no merece discusión. Si la expectativa es ampliar el número de presos, no corresponde la construcción de nuevas cárceles.
aForos de seguridad: Se propone extenderlos a todo el país. Es indiscutible el derecho de la ciudadanía a intervenir en el diseño y control de políticas públicas, entre ellas la política criminal. Sin embargo, la experiencia indica que, dirigidos los foros por los funcionarios policiales y diseñados a la medida de la sociedad supuestamente “decente”, en los foros se ejerce una democracia “ateniense” donde la minoría a la que el sistema penal nunca “toca” (comerciantes, empresarios, etc) es la que representa la “voz del pueblo” y demanda más y más “mano dura”. Por el contrario aquellos que sí pueden ser víctimas del sistema penal legal (detenciones, imputaciones, averiguación de antecedentes) o ilegal (“gatillo fácil”, tormentos, vejaciones, aprehensiones arbitrarias) y que son inmensa mayoría no tiene opinión. Un debate democrático necesita de las voces de los pobres, los pibes, los desocupados, la gente de las villas, los travestis, los estudiantes, los bolivianos, etc.
aIncorporación de civiles como comisarios o integrantes de la Agencia de Investigaciones: El problema no es que el investigador o comisario sea civil o no civil, el problema es que la investigación de delitos ya cometidos debe depender del poder judicial, sin interferencias policiales. La cuestión de la orientación más o menos represiva de las policías o de sus niveles de corrupción no se resolverán incorporando algunos civiles sino reorientando su acción.
Compañeras/os: Los invitamos a la primer reunion de la contracampaña de seguridad que se realizara el proximo lunes 10/5 a las 20hs. en el hall de la Facultad de Psicologia(Independencia y Urquiza). A continuacion les envio un texto explicativo sobre el tema. Un Abrazo y los esperamos. Asamblea Plaza Martin Fierro
El problema de la seguridad
Propuesta (con explicación incluida) para la contra-campaña "Hablemos de
seguridad"
El señor Blumberg, los medios de comunicación (en especial el holding Hadad:canal 9, radio diez, etc.), los políticos de derecha como Ruckauf, Rico y López Murphy, con el apoyo explícito de las grandes empresas y las cámaras que las congregan (UIA, Sociedad Rural) han iniciado una cruzada por la
"seguridad de los ciudadanos". A partir de la ola de secuestros extorsivos que ha asolado a las capas altas y medias-altas de la sociedad, la seguridad
como problema ha emergido en el medio de la marea de tragedias que trajo la crisis desatada a mediados de los '90.
El carácter de esta campaña tiene, siempre según estos santos cruzados, un carácter positivo porque es "transversal" a toda la sociedad (trata problemas
comunes a todos, ya que todos somos iguales ante el delito) y tiene un conjunto de propuestas concretas para darle solución definitiva a la ola delictiva.
Pero, ¿es realmente así? Un simple vistazo a las propuestas del petitorio Blumberg deja entrever otra realidad: en primer lugar, todas las medidas
obedecen a fortalecer el carácter represivo de la legislación (endurecimiento de penas, disminución de la edad de imputabilidad legal de 16 a 14 años,
etc.), en segundo lugar, estas medidas tienen como contrapartida siempre una compensación si el imputado pertenece las clases poseedoras, por ejemplo,el endurecimiento para la portación de armas no es tal si el imputado es un hombre de familia, bien considerado por los vecinos y en todo sentido
un "hombre de bien", decisión que queda a juicio del juez que sigue el caso.
Otro ejemplo: la única de las leyes del paquete que es más benévola que la que reemplaza es una reducción de penas para el delito de "subversión
económica", que sólo pueden cometer los empresarios.
Si todos somos iguales ante el delito, la ley es una para los capitalistas y otra para los explotados y oprimidos.
Debajo del discurso de la "seguridad ciudadana" subyace el intento de fortalecer los mecanismos represivos, para garantizar la seguridad de la propiedad
y las personas de la clase capitalista, no del conjunto de la sociedad.
Debajo del discurso aparentemente inocente de un padre agobiado por el peso de la muerte de su hijo, subyace el intento de las clases dominantes de
imponer su visión de la sociedad: mayor represión a las clases dominadas, garantías de acumulación para las clases dominantes.
Para decirlo con claridad: los cambios económicos producidos durante la década del '90 produjeron cambios sociales profundos, y la legislación que
existe en la actualidad no corresponde con la nueva correlación de fuerzas sociales: la marginalidad y descomposición social, producto de estos cambios,
deben ser controlados. Los efectos secundarios que tiene la marginalidad (elevación del nivel de violencia delictiva) también deben ser controlados
y redirigidos hacia donde siempre debieron estar: a las clases bajas o medias.
Las organizaciones sociales y políticas del campo popular hemos mirado con confusión y desconcierto estas medidas, a las cuales solo les hemos contrapuesto nuestra oposición instintiva y una serie de argumentaciones a todas luces incompleta: se ha hablado de "resultado de la corrupción del sistema" o
de que "la legislación sólo incluye la represión, hay que incluir la prevención".
Estas y otras argumentaciones encaran sólo un aspecto de la cuestión: el enquiste de las mafias en el gobierno o la concepción autoritaria y anti-democrática
del ejercicio del gobierno. La seguridad vista de esta forma no toma en cuenta los problemas de seguridad reales de las vastas mayorías: no se trata de "asegurar" la propiedad de los ciudadanos de bien, reprimiendo a aquellos que atenten contra ella; se trata de asegurar la viabilidad de la vida misma:
¿de que seguridad puede hablar una familia que carece de trabajo, salud y educación? ¿una madre que ve morir de hambre a sus hijos? ¿una mujer que
debe prostituirse? ¿para un hombre sin trabajo, que debe aceptar cualquier changa o inclusive delinquir para poder sobrevivir? ¿de un niño sin futuro?
Queremos romper con la hegemonía del discurso de derecha, y plantear el problema de seguridad desde un lugar que realmente nos represente a la mayoría,
para los que el problema de los secuestros es lejano aunque no ajeno. Para eso, es necesario mover el eje del sitio donde los medios y comunicadores de la derecha lo han situado.
Proponemos la realización de una contra-campaña, buscando establecer el hecho de que cuando nosotros hablamos de seguridad, no hablamos solamente de protegernos del peligro de un secuestro o un asalto, y que no hablamos
-ni queremos hablar, de reprimir al pueblo.
En una primera instancia esta campaña constará de una serie de afiches con imágenes muy fuertes, en las que, bajo la leyenda "Hablemos de seguridad"
se representen distintos fenómenos de la inseguridad social, tomando las necesidades de las mayorías como parte de la seguridad necesaria.
Por ejemplo (aunque parezca morboso), una imagen de un niño muerto de inanición, con el título "A mi me mató el hambre".
El artículo original está en http://argentina.indymedia.org/news/2004/05/193777.php Imprimir comentarios.
El plan del Gobierno sobre Seguridad y Justicia, No sólo BLUMBERG debe OPINAR
por Gabriel Lerner para Revista En Marcha 207 Thursday May 06, 2004 at 03:38 PM
El plan del Gobierno sobre Seguridad y Justicia No sólo BLUMBERG debe OPINAR
E l plan lanzado por el gobierno al influjo de las movilizaciones encabezadas por Juan Carlos Blumberg -motorizadas por la derecha política y los grandes grupos multimedia, y que lograron amplio apoyo social, incluyendo a algunas organizaciones populares- han generado un debate de cuyas consecuencias depende no sólo la política de seguridad respecto al delito que preocupa a la población.
De allí que resulta importante tomar opiniones que movilicen el interés en un tema que no debe quedar limitado a policías, jueces, legisladores -e intereses represivos que siempre los hay-. Convocamos por ello a Gabriel Lerner, abogado de Correpi quien nos aporta su visión personal para este debate.
Escribe: Gabriel Lerner, miembro de CORREPI
Resulta difícil pronunciarse de una sola vez respecto de todas las medidas planteadas. Mientras en algunos casos el propósito y el contenido es claro, algunas de ellas son de casi imposible concreción, otras ya se venían implementando y en otros casos sólo se difundió el título y no sus alcances.
Aún con las limitaciones planteadas (...) se desprende que el signo de los anuncios se inscribe en la orientación de la llamada “Cruzada Axel” que, como hemos venido denunciando, identifica “seguridad” con política penal y política penal con más castigo sobre los pobres.
Resulta imprescindible definir el ángulo desde el que se analiza y critica el plan antes mencionado. En ese sentido deben tenerse en cuenta algunas cuestiones fundamentales:
a) La verdadera “seguridad” para las mayorías populares pasa por el acceso al empleo, la vivienda, el salario digno, la seguridad social, la educación y la salud; pasa además por el cese de la política de “gatillo fácil” y de criminalización de la protesta; pasa, finalmente, por el descenso de los niveles de violencia social horizontal, que convierte a los pobres en víctimas de hechos de violencia ejercidos por otros pobres. Reducir la idea de “inseguridad” a robos, asaltos y secuestros significa contemplar solamente los intereses de las minorías privilegiadas de la sociedad.
b) La política criminal debe dejar de ser “tuerta”. El contenido de la campaña Blumberg y de las medidas anunciadas por el gobierno descarga todo el énfasis en los delitos cometidos por los pobres y marginales, mientras elude el debate y las propuestas que tienen que ver con las conductas criminales que se desarrollan desde el poder. Una política criminal integral no puede ocultar el castigo de los grandes negociados, de la entrega del país, del genocidio, de la connivencia político-policial o de los delitos “comunes” cometidos por poderosos como Grassi o Carrascosa.
c) Lo que la Argentina necesita es distribución de la riqueza y no ensanchamiento y endurecimiento del sistema penal. El mejor ejemplo son los pibes pobres. Allí es imprescindible promover, de manera urgente, el acceso al trabajo, al deporte, a la alimentación, a la recreación y a la salud. Abordar la situación de niños y jóvenes desde una óptica punitiva implica multiplicar sobre la inmensa mayoría de ellos el castigo que ya proviene de la marginación, a la vez que se des-responsabiliza a la sociedad adulta y supuestamente “decente” del genocidio social que lleva décadas en el país y que tiene en los pibes a sus principales víctimas.
A continuación aportamos algunas reflexiones sobre las propuestas contenidas en el plan de gobierno.
Las propuestas del plan en particular
a Baja de la edad de la imputabilidad penal: Se envía al congreso un proyecto más garantista que la legislación actual (todo pibe tiene derecho a la defensa, se ponen topes máximos de penas a aplicarse, se limita el uso de la cárcel para casos extremos). Lo preocupante es que, en un marco político mas favorable al castigo que a la protección de los pibes y teniendo en cuenta la composición del congreso, lo mas probable es que del proyecto original solo quede la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, se desdibujen o desaparezcan todas las demás garantías y quede una ley más punitiva que la actual.
a Justicia rápida para delitos “in fraganti”: Se propone una reforma procesal para que una persona que fue detenida en flagrancia (cometiendo un delito) pueda ser juzgada y condenada en muy pocos días. Es evidente que sólo será aplicable a delitos de pobres (robos, hurtos, etc) y nunca a delitos de sectores con mayor poder (defraudaciones, delitos de funcionarios). El procedimiento propuesto no garantiza el derecho constitucional de defensa. Miles de inocentes recibirán castigos antes de atinar siquiera a defenderse.
a Relocalización de la justicia criminal en los barrios: Resultaría indispensable fortalecer la capacidad investigativa judicial desplazando a las policías de esa labor (lo que ha facilitado enormemente la connivencia político-policial). Al llevar jueces y fiscales a los barrios se fortalece el poder policial, ya que la influencia de este sobre jueces y fiscales se incrementa considerablemente. En el sistema actual no se establecen relaciones excesivamente estrechas entre juzgados o fiscalías y comisarías. Al ir la fiscalía o el juzgado al barrio su emparentamiento con la policía es ineludible y ello aumentando la vulnerabilidad de los sectores sociales con menos riqueza y poder.
a Juicio por jurados: Por principio, la participación popular no puede ser contraria a una justicia mas democrática. Sin embargo, el alto nivel de manipulación de opinión pública en materia penal, facilitaría “venganzas sociales” en perjuicio del principio constitucional de inocencia, convirtiendo a lo peor de la TV en el verdadero tribunal de un juicio relevante. Por otra parte, en la inmensa mayoría de delitos comunes es muy alta ya la tasa de condenas de las causas que llegan a juicio. De emplearse el juicio por jurados debería limitarselo a delitos cometidos por funcionarios públicos o delitos económicos de gran envergadura que son las áreas donde casi no existen las sentencias condenatorias.
a Restricción de las excarcelaciones: Lo que se anunció y escribió como proyecto de futuro es lo que actualmente está vigente en el Código Procesal. O el anuncio tiene un efecto sólo “discursivo” de mas “mano dura” o habrá que esperar el texto que presenten para analizar su contenido.
a Liquidación de los fueros federal y penal económico para causas penales: Es una medida democratizadora, tal como están las cosas. Esos son fueros personales, organizados para que grandes capitalistas o poderosos funcionarios sean juzgados con una “vara” especial. Al eliminarselos los funcionarios, los empresarios y los ladrones serán juzgados por los mismos magistrados.
a Creación de más juzgados de menores: Era imprescindible, hay miles de chicos esperando juicios, muchos de ellos internados o presos.
a Modificación del art. 210 del código penal sobre asociación ilícita: Se lo presenta como parte del mayor énfasis represivo sobre el delito organizado, lo que sería correcto. Sin embargo, se desconoce el contenido concreto de la propuesta. Una vez más el riesgo reside -con base en las experiencias de los últimos años- en que se oriente la figura hacia el castigo político.
aUtilización de las recompensas en investigaciones judiciales: Ser testigo es una carga pública de todo ciudadano. La entrega de sumas de dinero podría ser empleada no para llegar a la verdad sino para que aparezca “alguna verdad”. De los anuncios no surge para qué casos y quién determinará la oportunidad y los montos de las recompensas. Si se impone debiera limitarse su uso a aquellos casos y temas en los que la regla es la impunidad: delitos de funcionarios, de policías, de grandes empresarios.
a Extensión del uso de la figura del “arrepentido”: Ya existe en la ley anti-drogas y se lo propuso en todos los proyectos de leyes antiterroristas (que no se aprobaron). Lejos de ser una herramienta útil facilita la manipulación de los procesos penales. Modifica en un sentido negativo la lógica del procedimiento penal. Las personas reciben más o menos sanciones en relación al delito que cometieron. Al “arrepentido” no se lo juzga por el delito sino por su conducta posterior dentro del proceso. En otras palabras: alguien que cometió un delito mas grave puede recibir menor condena que otro que cometió un delito mas leve, sólo porque acusó a otros durante el proceso.
aIncorporación de nuevos tipos penales relacionados con el financiamiento del terrorismo: Se trata de una cuestión que sólo puede explicarse por la exigencias del imperialismo norteamericano. Es un fenómeno sin relevancia en el país y podría abrir las puertas para la persecución política de opositores.
aAmpliación del número de efectivos, del presupuesto y de los pertrechos: Ya sea por la vía de la agencia federal de investigaciones, ya sea por el llamado “cuerpo nacional de paz”, se aumentan los efectivos armados, se compran mas pertrechos y se aumenta el presupuesto de seguridad. No compartimos la orientación, lo que hace falta son medidas que se orienten a la justicia social, no de ampliación del poder punitivo estatal.
aAgencia Federal de Investigaciones: Se propone crear una mega-agencia nacional de investigaciones compuesta por gendarmes, federales y prefectos, que dependerá del poder ejecutivo.
Debió fortalecerse la capacidad investigativa del poder judicial, sin interferencia del ejecutivo y mucho menos de las fuerzas de seguridad. Con la agencia creada de la voluntad política del gobierno dependerá qué y cómo se investiga. De allí se desprenden al menos dos cuestiones preocupantes: a) frente a delitos del poder, será el ejecutivo el que determinará si se usa o no esa agencia (hoy, a juzgar por las prioridades del gobierno, se usaría en Santiago del Estero, pero no en la investigación de la masacre de Puente Pueyrredón); y b) si bien su objeto son los secuestros y bandas delictivas, el narcotráfico, el tráfico de armas, los desarmaderos, el contrabando y el lavado de dinero, no hay ninguna definición explícita que impida a la agencia ingresar en la inteligencia de movimientos y/o grupos políticos y sociales opositores.
a Fuerza Nacional de Paz: El panorama es aún mas complejo que con la agencia federal pues no se define su objeto y sólo se señala que actuará en zonas críticas. ¿Cuáles son esas zonas, aquellas en que hay contrabando o que la policía bonaerense “libera zonas” en su connivencia con grandes bandas o aquellas otras en que hay mayor movilización y lucha social?. Una vez más la falta de una definición explícita respecto del uso de la citada “fuerza...” con relación al conflicto social, genera amplias preocupaciones de que se la utilice para reprimir la protesta.
aConstrucción de nuevas cárceles: En la actualidad hay presos en hospitales neurosiquiátricos o en contenedores en Salta, todos en condiciones inhumanas. Aspiramos a que haya menos presos y no a que su número se eleve. Si las cárceles nuevas son para garantizar mejores condiciones de vida de los ya detenidos no merece discusión. Si la expectativa es ampliar el número de presos, no corresponde la construcción de nuevas cárceles.
aForos de seguridad: Se propone extenderlos a todo el país. Es indiscutible el derecho de la ciudadanía a intervenir en el diseño y control de políticas públicas, entre ellas la política criminal. Sin embargo, la experiencia indica que, dirigidos los foros por los funcionarios policiales y diseñados a la medida de la sociedad supuestamente “decente”, en los foros se ejerce una democracia “ateniense” donde la minoría a la que el sistema penal nunca “toca” (comerciantes, empresarios, etc) es la que representa la “voz del pueblo” y demanda más y más “mano dura”. Por el contrario aquellos que sí pueden ser víctimas del sistema penal legal (detenciones, imputaciones, averiguación de antecedentes) o ilegal (“gatillo fácil”, tormentos, vejaciones, aprehensiones arbitrarias) y que son inmensa mayoría no tiene opinión. Un debate democrático necesita de las voces de los pobres, los pibes, los desocupados, la gente de las villas, los travestis, los estudiantes, los bolivianos, etc.
aIncorporación de civiles como comisarios o integrantes de la Agencia de Investigaciones: El problema no es que el investigador o comisario sea civil o no civil, el problema es que la investigación de delitos ya cometidos debe depender del poder judicial, sin interferencias policiales. La cuestión de la orientación más o menos represiva de las policías o de sus niveles de corrupción no se resolverán incorporando algunos civiles sino reorientando su acción.
